A lo largo del devenir político de nuestro país nos hemos encontrado con diferentes formas de actuar por parte de aquellos que llegaron a ser (y otros que al menos lo intentaron) líderes y/ o conductores de fuerzas políticas o asumieron cargos de relevancia dentro de la estructura del estado.
Si bien nuestro sistema de gobierno es, según la constitución nacional (sistema seguido obligatoriamente por las constituciones provinciales), el de una república democrática, representativa y federal, no siempre la letra de la ley se cumple.
Por la vía de leyes -que en definitiva son las que reglamentan la constitución-, de decretos o simplemente de los hechos, el federalismo es atenuado hasta prácticamente desaparecer, y el carácter representativo ( por delegación de facultades o por la carencia de vocación de los legisladores) se desvirtúa haciendo descansar sobre el poder ejecutivo la responsabilidad completa en la toma de decisiones y ejecución de las políticas que rigen las diferentes esferas del estado (nación, provincia, municipios, etc.).
Las mismas constituciones que establecen un poder ejecutivo con una fuerte presencia institucional, sumada a los diversos factores culturales que han ido conformando la vida y la historia de nuestra nación han dado el marco propicio para la aparición de figuras nacionales o caudillos provinciales o locales que han actuado desdibujando el sistema de gobierno.
Uno de los factores principales que atentaron contra el cumplimiento estricto de las mandas constitucionales han sido las interrupciones del orden constitucional, ya que simples cuartelazos o sangrientos regímenes aparecidos de golpes de estado (los cuales a no dudarlo contaron con mayor o menor apoyo de más de un encumbrado personaje perteneciente a las clases dirigentes ) han sido moneda corriente en el siglo veinte.
Estos atentados contra la democracia (delitos de suma gravedad), cuyas consecuencias en más de un caso quedaron impunes (en esto cabe rescatar el valor que tiene la política de derechos humanos implementada desde el año 2.003, como el juzgamiento en 1983 de los comandantes militares, ya que cualquier esfuerzo por saldar las cuestiones pendientes con el pasado, debe pasar previamente por la intervención de la justicia que sancione los aberrantes crímenes cometidos en nombre de la patria), y la pérdida por desaparición, exilio definitivo o distorsión total de valores cívicos, éticos y morales ,han impedido que nuestra democracia madure y sea un sistema saneado definitivamente.
Asimismo, la inexistencia de un sistema de partidos políticos fuertes, debidamente constituidos, seriamente regulados tanto en su actuar cuanto en su financiación, con profunda vocación democrática (tanto hacia dentro como hacia afuera) ha sido factor de importancia para el devenir político de nuestro país.
Todas estas circunstancias han confluido para que más de uno piense en el fracaso de la democracia, al menos como se la plantea en la actualidad, y con actitudes mesiánicas hable de derrumbes del sistema, augure períodos presidenciales inconclusos o renuncias anticipadas de cualquier mandatario provincial o nacional cuando las circunstancias son adversas o se presentan las crisis propias de cualquier sistema.
Pero, y he aquí el centro de la cuestión que nos ocupa, advertimos que muchos dirigentes a caballo de las más acuciantes necesidades de la población, sobretodo en los lugares más marginados de nuestro país, generan conductas que a más de ser contrarias al actuar democrático revelan desviaciones políticas de graves consecuencias, sobre todo en circunstancias en las que se necesitan conductas serias, eficientes y por sobre todo democráticas y transparentes para sortear las situaciones traumáticas y avanzar en el crecimiento y en el desarrollo.
La opción que vemos adoptar a muchos dirigentes es la de tender al aislamiento, a tomar decisiones de cúpula, con percepciones que en ciertas oportunidades (más de las deseadas por desgracia) son distintas de la realidad circundante, solo representan una visión personal y parcial y de aquellas informaciones que le acercan los que conforman su pequeño entorno.
Y allí nos encontramos con la creación de realidades ficticias, cuando quien debe tomar las decisiones más importantes cree en estas circunstancias que lo alejan del pueblo y sus necesidades, más de una vez inexistentes.
Allí es donde aparece el infantilismo de generar enemigos inexistentes o de anudar alianzas irrelevantes o negativas para los altos objetivos para los cuales ha sido destinado por su pueblo, una muestra clara de ello son las grandes concentraciones de supuestos "adherentes incondicionales", que en definitiva solo son prisioneros de la dádiva y el clientelismo.
Otra muestra es el reparto de cargos públicos en pago de favores políticos, lo que además de ser reprochable ética y moralmente ,es inconstitucional ya que viola el requisito de la idoneidad como premisa para el acceso a la función estatal.
Esta metodología caudillesca o de hombres providenciales, destinados por sí solos a sacarnos de la denigrante pobreza en la que nos han sumido otros "hombres providenciales" anteriores, ello especialmente en ciertas regiones del país en las cuales, paradojalmente, es donde más se verifican estas conductas, es la síntesis del atraso institucional.
No existen equipos de trabajo serios, preparados, concientes de las necesidades y las oportunidades que se presentan y que proyecten políticas de estado, que permitan la superación definitiva de las crisis cíclicas que afloran periódicamente en el país y agotan la capacidad de respuesta de la sociedad.
Es por ello que el reclamo de mas institucionalidad, más democracia y transparencia debe ir acompañado de mayor y mejor acceso a la educación, a la información y al conocimiento.
El funcionamiento a pleno de los organismos de control internos y externos, de los poderes legislativo y judicial debe ser no solo un anhelo sino una realidad, ya que cumpliendo acabadamente con los preceptos constitucionales la sociedad tendrá el giro necesario para salir de la postración.
Si a ello le sumamos que el liberalismos salvaje y criminal que imperó en el mundo en los años noventa (que motivó, sin lugar a dudas el crack financiero que presenciamos en los mercados de capital de las potencias dominantes) desplazó a la ética de la solidaridad y pretendió hacernos creer que solo debe imperar el "salvarse a cualquier costo", debemos estar alertados que de esta manera no podemos vislumbrar esperanzas para las generaciones venideras.
Pero, el cambio está a la vuelta de la esquina, solo debemos empeñarnos en el relanzamiento de nuestra sociedad, con sus mejores hombres, cumpliendo en forma estricta con las leyes y apegándonos a la institucionalidad y al estado de derecho como la única y última forma de vivir en una sociedad plena y civilizada.
Este postulado no solo no es nuevo, sino que es tomado del pensamiento y exhortación de uno de los hombres más lúcidos de la historia de nuestra provincia FRAY MAMERTO ESQUIU, cuando pidió a nuestro pueblo ser esclavo de las leyes porque es la única forma de ser libres.
Si bien nuestro sistema de gobierno es, según la constitución nacional (sistema seguido obligatoriamente por las constituciones provinciales), el de una república democrática, representativa y federal, no siempre la letra de la ley se cumple.
Por la vía de leyes -que en definitiva son las que reglamentan la constitución-, de decretos o simplemente de los hechos, el federalismo es atenuado hasta prácticamente desaparecer, y el carácter representativo ( por delegación de facultades o por la carencia de vocación de los legisladores) se desvirtúa haciendo descansar sobre el poder ejecutivo la responsabilidad completa en la toma de decisiones y ejecución de las políticas que rigen las diferentes esferas del estado (nación, provincia, municipios, etc.).
Las mismas constituciones que establecen un poder ejecutivo con una fuerte presencia institucional, sumada a los diversos factores culturales que han ido conformando la vida y la historia de nuestra nación han dado el marco propicio para la aparición de figuras nacionales o caudillos provinciales o locales que han actuado desdibujando el sistema de gobierno.
Uno de los factores principales que atentaron contra el cumplimiento estricto de las mandas constitucionales han sido las interrupciones del orden constitucional, ya que simples cuartelazos o sangrientos regímenes aparecidos de golpes de estado (los cuales a no dudarlo contaron con mayor o menor apoyo de más de un encumbrado personaje perteneciente a las clases dirigentes ) han sido moneda corriente en el siglo veinte.
Estos atentados contra la democracia (delitos de suma gravedad), cuyas consecuencias en más de un caso quedaron impunes (en esto cabe rescatar el valor que tiene la política de derechos humanos implementada desde el año 2.003, como el juzgamiento en 1983 de los comandantes militares, ya que cualquier esfuerzo por saldar las cuestiones pendientes con el pasado, debe pasar previamente por la intervención de la justicia que sancione los aberrantes crímenes cometidos en nombre de la patria), y la pérdida por desaparición, exilio definitivo o distorsión total de valores cívicos, éticos y morales ,han impedido que nuestra democracia madure y sea un sistema saneado definitivamente.
Asimismo, la inexistencia de un sistema de partidos políticos fuertes, debidamente constituidos, seriamente regulados tanto en su actuar cuanto en su financiación, con profunda vocación democrática (tanto hacia dentro como hacia afuera) ha sido factor de importancia para el devenir político de nuestro país.
Todas estas circunstancias han confluido para que más de uno piense en el fracaso de la democracia, al menos como se la plantea en la actualidad, y con actitudes mesiánicas hable de derrumbes del sistema, augure períodos presidenciales inconclusos o renuncias anticipadas de cualquier mandatario provincial o nacional cuando las circunstancias son adversas o se presentan las crisis propias de cualquier sistema.
Pero, y he aquí el centro de la cuestión que nos ocupa, advertimos que muchos dirigentes a caballo de las más acuciantes necesidades de la población, sobretodo en los lugares más marginados de nuestro país, generan conductas que a más de ser contrarias al actuar democrático revelan desviaciones políticas de graves consecuencias, sobre todo en circunstancias en las que se necesitan conductas serias, eficientes y por sobre todo democráticas y transparentes para sortear las situaciones traumáticas y avanzar en el crecimiento y en el desarrollo.
La opción que vemos adoptar a muchos dirigentes es la de tender al aislamiento, a tomar decisiones de cúpula, con percepciones que en ciertas oportunidades (más de las deseadas por desgracia) son distintas de la realidad circundante, solo representan una visión personal y parcial y de aquellas informaciones que le acercan los que conforman su pequeño entorno.
Y allí nos encontramos con la creación de realidades ficticias, cuando quien debe tomar las decisiones más importantes cree en estas circunstancias que lo alejan del pueblo y sus necesidades, más de una vez inexistentes.
Allí es donde aparece el infantilismo de generar enemigos inexistentes o de anudar alianzas irrelevantes o negativas para los altos objetivos para los cuales ha sido destinado por su pueblo, una muestra clara de ello son las grandes concentraciones de supuestos "adherentes incondicionales", que en definitiva solo son prisioneros de la dádiva y el clientelismo.
Otra muestra es el reparto de cargos públicos en pago de favores políticos, lo que además de ser reprochable ética y moralmente ,es inconstitucional ya que viola el requisito de la idoneidad como premisa para el acceso a la función estatal.
Esta metodología caudillesca o de hombres providenciales, destinados por sí solos a sacarnos de la denigrante pobreza en la que nos han sumido otros "hombres providenciales" anteriores, ello especialmente en ciertas regiones del país en las cuales, paradojalmente, es donde más se verifican estas conductas, es la síntesis del atraso institucional.
No existen equipos de trabajo serios, preparados, concientes de las necesidades y las oportunidades que se presentan y que proyecten políticas de estado, que permitan la superación definitiva de las crisis cíclicas que afloran periódicamente en el país y agotan la capacidad de respuesta de la sociedad.
Es por ello que el reclamo de mas institucionalidad, más democracia y transparencia debe ir acompañado de mayor y mejor acceso a la educación, a la información y al conocimiento.
El funcionamiento a pleno de los organismos de control internos y externos, de los poderes legislativo y judicial debe ser no solo un anhelo sino una realidad, ya que cumpliendo acabadamente con los preceptos constitucionales la sociedad tendrá el giro necesario para salir de la postración.
Si a ello le sumamos que el liberalismos salvaje y criminal que imperó en el mundo en los años noventa (que motivó, sin lugar a dudas el crack financiero que presenciamos en los mercados de capital de las potencias dominantes) desplazó a la ética de la solidaridad y pretendió hacernos creer que solo debe imperar el "salvarse a cualquier costo", debemos estar alertados que de esta manera no podemos vislumbrar esperanzas para las generaciones venideras.
Pero, el cambio está a la vuelta de la esquina, solo debemos empeñarnos en el relanzamiento de nuestra sociedad, con sus mejores hombres, cumpliendo en forma estricta con las leyes y apegándonos a la institucionalidad y al estado de derecho como la única y última forma de vivir en una sociedad plena y civilizada.
Este postulado no solo no es nuevo, sino que es tomado del pensamiento y exhortación de uno de los hombres más lúcidos de la historia de nuestra provincia FRAY MAMERTO ESQUIU, cuando pidió a nuestro pueblo ser esclavo de las leyes porque es la única forma de ser libres.
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