Inicialmente, debemos destacar dos cuestiones esenciales sobre el tema, la primera es que conforme a la formación geológica del territorio provincial, la riqueza minera es prácticamente, y a la fecha, incalculable; visualizado desde el punto de vista potencial, ya que el grueso de la población desconoce todo lo referido a ello, y ningún estamento gubernamental ha hecho pública información seria, cierta y actualizada que permita tomar real dimensión de los recursos con los que se cuenta; la segunda esta dada por la viabilidad de que su explotación deba o pueda ser uno de los ejes del crecimiento y desarrollo provincial.
Debemos detenernos en un breve análisis de la "problemática minera" y su incidencia en la política y la sociedad de nuestra provincia.
Para encarar el fondo de la cuestión debemos advertir la existencia de dos posturas sobre la explotación minera y sus efectos, ambas se sustentan en conceptos diametralmente opuestos y sobre argumentaciones legítimas.
La primera propende a apoyar la explotación minera, especialmente la que se refiere a grandes emprendimientos de propiedad de capitales extranjeros con o sin participación nacional y/ o estatal, sosteniendo que es una industria básica y que los beneficios se han de extender a todos los habitantes de la provincia.
La segunda se sustenta en la posible contaminación y destrucción del ecosistema, la utilización de aguas superficiales y subterráneas sin control, traen aparejadas consecuencias tan negativas para la sociedad que incluso se propone -lisa y llanamente- la prohibición de la actividad minera a cielo abierto.
Para adoptar una postura que sea seria y coherente, lo que hace necesario sopesar las ventajas y desventajas que trae la explotación, carece la sociedad catamarqueña de un elemento central e indispensable y que es nada más ni nada menos que la información, es decir conocer a ciencia cierta y con rigor científico las bondades o daños que cualquiera de ambas posiciones puede causar.
El ciudadano común, y más de un político de la zona, se revela como absolutamente profano en el tema, y los elementos con los que cuenta son las informaciones periodísticas o informes emanados de las empresas explotadoras que describen sus métodos operativos, pero no sus consecuencias, y direccionan sus explicaciones a publicitar sus acciones destinadas al bien común que, en principio, solo pueden ser asimiladas a actos o hechos de asistencialismo aislados e incoordinados.
Cuando funcionarios gubernamentales de todos los estamentos y partidos elevan públicamente sus quejas en contra de quienes, mostrándose como defensores a ultranza del medio ambiente pretenden impedir las explotaciones mineras, lo hacen sin poner a disposición de los habitantes de la provincia la información necesaria para dar un debate definitivo sobre la cuestión.
Se desconocen los términos contractuales que unen a la provincia -titular originario de las riquezas del subsuelo- con las empresas concesionarias, los derechos y obligaciones que vinculan a las partes, y, consecuentemente, si se están cumpliendo los aspectos acordados, cuales son los controles legales, contables, técnicos, ambientales que deben realizarse y que se realizan.
Los cuestionados procedimientos de extracción y concentración, que supuestamente incluirían productos químicos de alta toxicidad y causantes de los más diversos daños ecológicos y de la salud, no han sido explicados en forma clara, sencilla y documentada; más aún, jamás se ha publicado informe alguno de organismos independientes de contralor ambiental que cuenten con el prestigio científico y técnico que haga indudable su aceptación.
Un verdadero paso adelante sería que todos los contratos sean publicados en internet (no podemos pretender que cada habitante reciba copia de los mismos, sus modificaciones o complementos, en forma personal, obviamente). Esto implicará transparencia y dará publicidad a los actos de gobierno, principio republicano por excelencia.
Por el lado de los ambientalistas, aparecen como careciendo de sustento serio y bases científicas en sus ataques, obviamente a ellos es imposible pedirles que cuenten con los medios económicos o el manejo de resortes de poder que les permita acceder a información de tal magnitud, pero no es menos cierto que no es admisible la oposición a una actividad productiva careciendo de elementos que justifiquen su actuar. Y, lo que se debe evitar, a cualquier costo, es que en su buena fe sean utilizados para fines políticos subalternos por oscuros personajes que medran en los pliegues del poder o pretenden acceder al mismo.
Despejar el fantasma de la contaminación solo es posible con el acceso a la información y al conocimiento científico, nada puede ser reservado o restringido, nada puede ser secreto, no está en juego la seguridad nacional, lo que está en juego es el patrimonio de todos los habitantes de la provincia y nuestros descendientes.
Se trata de recursos no renovables, el oro, la plata, el cobre, el litio o cualquier otro elemento que se extraiga de la tierra no volverá a crecer, lo que hace que ,debamos requerir que las ventajas que de su extracción y procesamiento se obtengan sean volcadas a actividades productivas, infraestructura, educación, tecnología ,que sea sustentable en el tiempo ya que nuestra existencia como sociedad no concluye con el cierre de las minas, sino que está destinada a prolongarse indefinidamente en el tiempo.
Otro tema no menor es el uso del agua, que también es un recurso indispensable y de ninguna manera inacabable, lo que hace que sea indispensable el conocimiento e información, fuera de toda duda, sobre los caudales superficiales y subterráneos, como asimismo una planificación racional de su uso.
Tampoco podemos aceptar, en forma ciega e ignorante, el razonamiento -que por simple no es menos engañosos- que nos dice que la riqueza enterrada en el subsuelo no beneficia a nadie e impide obtener los recursos económicos necesarios para crecer; ello será cierto siempre y cuando no sacrifiquemos nuestro destino con contaminación y destruyamos el ecosistema, lo que sería apostar en aras de una riqueza fácil y efímera al suicidio como sociedad.
Es obligación conjunta del gobierno y de las empresas concesionarias el brindar información, el primero porque gobierna por y para el pueblo y solo administra recursos ajenos y las segundas por cuanto su responsabilidad no puede estar limitada a girar una porción de sus ganancias en el pago de asociaciones, regalías o impuestos, sino que la responsabilidad social y legal por sus actos debe estar fuertemente regulada por las leyes en las que se enmarca la actividad.
Si comenzamos por implementar este pequeño aporte, se despejará el camino hacia el crecimiento con equidad y distribución de la riqueza y al desarrollo económico y social, que es premisa sustentada tanto por el gobierno nacional cuanto por el provincial.
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