APORTES MINIMOS PARA PENSAR UN PROYECTO DE PROVINCIA - EL ASPECTO MINERO.

Inicialmente, debemos destacar dos cuestiones esenciales sobre el tema, la primera es que conforme a la formación geológica del territorio provincial, la riqueza minera es prácticamente, y a la fecha, incalculable; visualizado desde el punto de vista potencial, ya que el grueso de la población desconoce todo lo referido a ello, y ningún estamento gubernamental ha hecho pública información seria, cierta y actualizada que permita tomar real dimensión de los recursos con los que se cuenta; la segunda esta dada por la viabilidad de que su explotación deba o pueda ser uno de los ejes del crecimiento y desarrollo provincial.

Debemos detenernos en un breve análisis de la "problemática minera" y su incidencia en la política y la sociedad de nuestra provincia.

Para encarar el fondo de la cuestión debemos advertir la existencia de dos posturas sobre la explotación minera y sus efectos, ambas se sustentan en conceptos diametralmente opuestos y sobre argumentaciones legítimas.

La primera propende a apoyar la explotación minera, especialmente la que se refiere a grandes emprendimientos de propiedad de capitales extranjeros con o sin participación nacional y/ o estatal, sosteniendo que es una industria básica y que los beneficios se han de extender a todos los habitantes de la provincia.

La segunda se sustenta en la posible contaminación y destrucción del ecosistema, la utilización de aguas superficiales y subterráneas sin control, traen aparejadas consecuencias tan negativas para la sociedad que incluso se propone -lisa y llanamente- la prohibición de la actividad minera a cielo abierto.

Para adoptar una postura que sea seria y coherente, lo que hace necesario sopesar las ventajas y desventajas que trae la explotación, carece la sociedad catamarqueña de un elemento central e indispensable y que es nada más ni nada menos que la información, es decir conocer a ciencia cierta y con rigor científico las bondades o daños que cualquiera de ambas posiciones puede causar.

El ciudadano común, y más de un político de la zona, se revela como absolutamente profano en el tema, y los elementos con los que cuenta son las informaciones periodísticas o informes emanados de las empresas explotadoras que describen sus métodos operativos, pero no sus consecuencias, y direccionan sus explicaciones a publicitar sus acciones destinadas al bien común que, en principio, solo pueden ser asimiladas a actos o hechos de asistencialismo aislados e incoordinados.

Cuando funcionarios gubernamentales de todos los estamentos y partidos elevan públicamente sus quejas en contra de quienes, mostrándose como defensores a ultranza del medio ambiente pretenden impedir las explotaciones mineras, lo hacen sin poner a disposición de los habitantes de la provincia la información necesaria para dar un debate definitivo sobre la cuestión.

Se desconocen los términos contractuales que unen a la provincia -titular originario de las riquezas del subsuelo- con las empresas concesionarias, los derechos y obligaciones que vinculan a las partes, y, consecuentemente, si se están cumpliendo los aspectos acordados, cuales son los controles legales, contables, técnicos, ambientales que deben realizarse y que se realizan.

Los cuestionados procedimientos de extracción y concentración, que supuestamente incluirían productos químicos de alta toxicidad y causantes de los más diversos daños ecológicos y de la salud, no han sido explicados en forma clara, sencilla y documentada; más aún, jamás se ha publicado informe alguno de organismos independientes de contralor ambiental que cuenten con el prestigio científico y técnico que haga indudable su aceptación.

Un verdadero paso adelante sería que todos los contratos sean publicados en internet (no podemos pretender que cada habitante reciba copia de los mismos, sus modificaciones o complementos, en forma personal, obviamente). Esto implicará transparencia y dará publicidad a los actos de gobierno, principio republicano por excelencia.

Por el lado de los ambientalistas, aparecen como careciendo de sustento serio y bases científicas en sus ataques, obviamente a ellos es imposible pedirles que cuenten con los medios económicos o el manejo de resortes de poder que les permita acceder a información de tal magnitud, pero no es menos cierto que no es admisible la oposición a una actividad productiva careciendo de elementos que justifiquen su actuar. Y, lo que se debe evitar, a cualquier costo, es que en su buena fe sean utilizados para fines políticos subalternos por oscuros personajes que medran en los pliegues del poder o pretenden acceder al mismo.

Despejar el fantasma de la contaminación solo es posible con el acceso a la información y al conocimiento científico, nada puede ser reservado o restringido, nada puede ser secreto, no está en juego la seguridad nacional, lo que está en juego es el patrimonio de todos los habitantes de la provincia y nuestros descendientes.

Se trata de recursos no renovables, el oro, la plata, el cobre, el litio o cualquier otro elemento que se extraiga de la tierra no volverá a crecer, lo que hace que ,debamos requerir que las ventajas que de su extracción y procesamiento se obtengan sean volcadas a actividades productivas, infraestructura, educación, tecnología ,que sea sustentable en el tiempo ya que nuestra existencia como sociedad no concluye con el cierre de las minas, sino que está destinada a prolongarse indefinidamente en el tiempo.

Otro tema no menor es el uso del agua, que también es un recurso indispensable y de ninguna manera inacabable, lo que hace que sea indispensable el conocimiento e información, fuera de toda duda, sobre los caudales superficiales y subterráneos, como asimismo una planificación racional de su uso.

Tampoco podemos aceptar, en forma ciega e ignorante, el razonamiento -que por simple no es menos engañosos- que nos dice que la riqueza enterrada en el subsuelo no beneficia a nadie e impide obtener los recursos económicos necesarios para crecer; ello será cierto siempre y cuando no sacrifiquemos nuestro destino con contaminación y destruyamos el ecosistema, lo que sería apostar en aras de una riqueza fácil y efímera al suicidio como sociedad.

Es obligación conjunta del gobierno y de las empresas concesionarias el brindar información, el primero porque gobierna por y para el pueblo y solo administra recursos ajenos y las segundas por cuanto su responsabilidad no puede estar limitada a girar una porción de sus ganancias en el pago de asociaciones, regalías o impuestos, sino que la responsabilidad social y legal por sus actos debe estar fuertemente regulada por las leyes en las que se enmarca la actividad.

Si comenzamos por implementar este pequeño aporte, se despejará el camino hacia el crecimiento con equidad y distribución de la riqueza y al desarrollo económico y social, que es premisa sustentada tanto por el gobierno nacional cuanto por el provincial.

LA TRANSPARENCIA EN LA POLITICA. SUS DESVIACIONES Y LAS CONSECUENCIAS EN LA CONCEPCION REPUBLICANA Y DEMOCRATICA

A lo largo del devenir político de nuestro país nos hemos encontrado con diferentes formas de actuar por parte de aquellos que llegaron a ser (y otros que al menos lo intentaron) líderes y/ o conductores de fuerzas políticas o asumieron cargos de relevancia dentro de la estructura del estado.

Si bien nuestro sistema de gobierno es, según la constitución nacional (sistema seguido obligatoriamente por las constituciones provinciales), el de una república democrática, representativa y federal, no siempre la letra de la ley se cumple.

Por la vía de leyes -que en definitiva son las que reglamentan la constitución-, de decretos o simplemente de los hechos, el federalismo es atenuado hasta prácticamente desaparecer, y el carácter representativo ( por delegación de facultades o por la carencia de vocación de los legisladores) se desvirtúa haciendo descansar sobre el poder ejecutivo la responsabilidad completa en la toma de decisiones y ejecución de las políticas que rigen las diferentes esferas del estado (nación, provincia, municipios, etc.).

Las mismas constituciones que establecen un poder ejecutivo con una fuerte presencia institucional, sumada a los diversos factores culturales que han ido conformando la vida y la historia de nuestra nación han dado el marco propicio para la aparición de figuras nacionales o caudillos provinciales o locales que han actuado desdibujando el sistema de gobierno.

Uno de los factores principales que atentaron contra el cumplimiento estricto de las mandas constitucionales han sido las interrupciones del orden constitucional, ya que simples cuartelazos o sangrientos regímenes aparecidos de golpes de estado (los cuales a no dudarlo contaron con mayor o menor apoyo de más de un encumbrado personaje perteneciente a las clases dirigentes ) han sido moneda corriente en el siglo veinte.

Estos atentados contra la democracia (delitos de suma gravedad), cuyas consecuencias en más de un caso quedaron impunes (en esto cabe rescatar el valor que tiene la política de derechos humanos implementada desde el año 2.003, como el juzgamiento en 1983 de los comandantes militares, ya que cualquier esfuerzo por saldar las cuestiones pendientes con el pasado, debe pasar previamente por la intervención de la justicia que sancione los aberrantes crímenes cometidos en nombre de la patria), y la pérdida por desaparición, exilio definitivo o distorsión total de valores cívicos, éticos y morales ,han impedido que nuestra democracia madure y sea un sistema saneado definitivamente.

Asimismo, la inexistencia de un sistema de partidos políticos fuertes, debidamente constituidos, seriamente regulados tanto en su actuar cuanto en su financiación, con profunda vocación democrática (tanto hacia dentro como hacia afuera) ha sido factor de importancia para el devenir político de nuestro país.

Todas estas circunstancias han confluido para que más de uno piense en el fracaso de la democracia, al menos como se la plantea en la actualidad, y con actitudes mesiánicas hable de derrumbes del sistema, augure períodos presidenciales inconclusos o renuncias anticipadas de cualquier mandatario provincial o nacional cuando las circunstancias son adversas o se presentan las crisis propias de cualquier sistema.

Pero, y he aquí el centro de la cuestión que nos ocupa, advertimos que muchos dirigentes a caballo de las más acuciantes necesidades de la población, sobretodo en los lugares más marginados de nuestro país, generan conductas que a más de ser contrarias al actuar democrático revelan desviaciones políticas de graves consecuencias, sobre todo en circunstancias en las que se necesitan conductas serias, eficientes y por sobre todo democráticas y transparentes para sortear las situaciones traumáticas y avanzar en el crecimiento y en el desarrollo.

La opción que vemos adoptar a muchos dirigentes es la de tender al aislamiento, a tomar decisiones de cúpula, con percepciones que en ciertas oportunidades (más de las deseadas por desgracia) son distintas de la realidad circundante, solo representan una visión personal y parcial y de aquellas informaciones que le acercan los que conforman su pequeño entorno.

Y allí nos encontramos con la creación de realidades ficticias, cuando quien debe tomar las decisiones más importantes cree en estas circunstancias que lo alejan del pueblo y sus necesidades, más de una vez inexistentes.

Allí es donde aparece el infantilismo de generar enemigos inexistentes o de anudar alianzas irrelevantes o negativas para los altos objetivos para los cuales ha sido destinado por su pueblo, una muestra clara de ello son las grandes concentraciones de supuestos "adherentes incondicionales", que en definitiva solo son prisioneros de la dádiva y el clientelismo.

Otra muestra es el reparto de cargos públicos en pago de favores políticos, lo que además de ser reprochable ética y moralmente ,es inconstitucional ya que viola el requisito de la idoneidad como premisa para el acceso a la función estatal.

Esta metodología caudillesca o de hombres providenciales, destinados por sí solos a sacarnos de la denigrante pobreza en la que nos han sumido otros "hombres providenciales" anteriores, ello especialmente en ciertas regiones del país en las cuales, paradojalmente, es donde más se verifican estas conductas, es la síntesis del atraso institucional.

No existen equipos de trabajo serios, preparados, concientes de las necesidades y las oportunidades que se presentan y que proyecten políticas de estado, que permitan la superación definitiva de las crisis cíclicas que afloran periódicamente en el país y agotan la capacidad de respuesta de la sociedad.

Es por ello que el reclamo de mas institucionalidad, más democracia y transparencia debe ir acompañado de mayor y mejor acceso a la educación, a la información y al conocimiento.

El funcionamiento a pleno de los organismos de control internos y externos, de los poderes legislativo y judicial debe ser no solo un anhelo sino una realidad, ya que cumpliendo acabadamente con los preceptos constitucionales la sociedad tendrá el giro necesario para salir de la postración.

Si a ello le sumamos que el liberalismos salvaje y criminal que imperó en el mundo en los años noventa (que motivó, sin lugar a dudas el crack financiero que presenciamos en los mercados de capital de las potencias dominantes) desplazó a la ética de la solidaridad y pretendió hacernos creer que solo debe imperar el "salvarse a cualquier costo", debemos estar alertados que de esta manera no podemos vislumbrar esperanzas para las generaciones venideras.

Pero, el cambio está a la vuelta de la esquina, solo debemos empeñarnos en el relanzamiento de nuestra sociedad, con sus mejores hombres, cumpliendo en forma estricta con las leyes y apegándonos a la institucionalidad y al estado de derecho como la única y última forma de vivir en una sociedad plena y civilizada.

Este postulado no solo no es nuevo, sino que es tomado del pensamiento y exhortación de uno de los hombres más lúcidos de la historia de nuestra provincia FRAY MAMERTO ESQUIU, cuando pidió a nuestro pueblo ser esclavo de las leyes porque es la única forma de ser libres.